Querido diario:
Entre los muchos momentos de tensión que llevamos vividos en estos días, una de las cosas más intensas que he vivido, profesionalmente hablando, ha sido la defensa de que el permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena, regulado por el Real Decreto-ley 10/2020/ de 29 de marzo, con el fin de reducir la movilidad de la población para combatir el COVID-19, es aplicable a los funcionarios públicos. Y ello, enfrentándome a importantes instancias administrativas y sindicales, que han sostenido que no lo es.
Te cuento esto, porque ya pasado el periodo del puñetero permiso retribuido recuperable, el pasado viernes, y recuperado de la perplejidad de la regulación, creo que esto va más allá de una diatriba jurídica que a veces tanto nos gustan a los juristas sostener. Desde la Tercera Legislatura de nuestra reciente historia democrática, en este país se empezó a legislar con el culo. No es que ahora en plena pandemia mundial y de la forma tan cruenta que nos está golpeando en España, nos vayamos a poner exquisitos, era de esperar que no se fuera a legislar bien. Las correcciones de errores que salen en el BOE, así lo demuestran en la cuestión material, en la formal ni hablamos. Legislar por decreto es lo que siempre ha tenido. Cuando llega un momento como en el que estamos, sólo me cabe interpretar y aplicar las normas de la mejor manera posible para luchar contra la pandemia y poniendo por encima los valores de solidaridad y esfuerzo colectivo. Esto es lo único que nos va a llevar a remontar una situación tan difícil.
Ha habido personas interesadas en defender privilegios y no entro en más detalles ni de quiénes ni por qué. Tampoco te voy a contar el debate jurídico. Sólo que hoy ya empiezan a caer los postulados interesados en defender que se excluyese de esas vacaciones forzosas, a los funcionarios de los ayuntamientos frente al personal laboral. La cuestión era o bien los funcionarios no destinados a los servicios esenciales o que no teletrabajaban, tenían que seguir acudiendo a sus puestos, lo que contradice la finalidad de lo que el Gobierno perseguía con su decreto, o bien no tendrían la obligación de recuperar las horas perdidas por su ausencia, lo que, se mire como se mire, constituye una situación de privilegio.
La tragedia que vivimos ha puesto de manifiesto, por el contrario, la dedicación, el compromiso con el servicio y la valentía de una parte muy importante de nuestros empleados públicos: los sanitarios, los agentes de policía y los militares, los empleados de los servicios sociales y de protección civil y tantos otros. Nada de privilegios, precisamente. También ha llevado a muchos otros funcionarios al teletrabajo, con la necesidad de reciclarse y seguir atendiendo al servicio en condiciones que no suelen ser las óptimas. Yo necesito dormir, una buena fisioterapia y gafas nuevas. Y, en fin, ha impuesto sacrificios a otros muchos trabajadores y trabajadoras, que han sufrido la pérdida o suspensión de sus empleos o se verán, al menos, obligados a recuperar las jornadas no trabajadas. Cuando esto pase o, al menos, cuando pase lo peor, todos tendremos que realizar un gran esfuerzo colectivo para restablecer la normalidad y recuperar los niveles de desarrollo económico y social adecuados.
¿Cómo es posible entender, sobre la base de las imprecisiones de un decreto-ley, que algunos grupos de funcionarios pueden quedar exentos de esos deberes?
Los funcionarios públicos no somos un colectivo aparte ni una casta. Gozamos de un régimen de empleo singular que nos garantiza la inamovilidad, que no es poco, con el fin de protegernos frente a injerencias políticas o presiones externas. Pero por lo demás, somos también «personas trabajadoras por cuenta ajena», como los demás. Justamente por eso, la tendencia de la legislación más reciente de empleo público ha sido la de homogeneizar todo lo posible las condiciones de empleo de los funcionarios y los demás trabajadores, entre otras cosas en materia de permisos. Cuando termine el estado de alarma negociaremos cómo recuperar muchas cosas, también esto y espero no encontrarme a ningún sindicato defendiendo a una casta frente a otros empleados y empleadas municipales. Afortunadamente esto es lo que pensamos la inmensa mayoría de los que somos funcionarios públicos, somos legión, conscientes de lo que nos exige este difícil momento que nos ha tocado vivir a todos.