Hace 232 años el pueblo de Francia tomó la Bastilla para decirle al despotismo ilustrado «a callar». Desde entonces, con tiras y aflojas, con avances y retrocesos, se organizó el contrato social que hemos conocido hasta ahora: el Estado de Derecho. Eso ha muerto.
El Estado de Derecho NO consiste en:
– Votar cada x años.
– Separación de poderes.
– Democracia más o menos profunda.
– Derechos de las minorías.
– Derechos sociales.
– Etc.
Todo eso son herramientas. Válidas. Necesarias. La MÁXIMA del Estado de Derecho es otra.
La máxima del Estado de Derecho es que el individuo es el SUJETO de derechos inalienables, que le son suyos por el mero hecho de haber nacido y existir. En el Estado de Derecho, en cualquiera de sus formulaciones, el Estado RECONOCE los derechos, NO los otorga.
En un Estado de Derecho, la ciudadanía es el resultado de la necesaria organización social de esos individuos, que son poseedores NATOS de sus derechos. Y de la armonización de esos derechos naturales, surge un régimen de libertades para GARANTIZAR su ejercicio.
Así pues, las libertades de la ciudadanía no pueden ser ampliadas o restringidas en función de lo que las autoridades entiendan como comportamiento más o menos «responsable» de sus administrados. Entender esto es crucial, así que insisto en ello.
Un Estado de Derecho SÍ puede y DEBE restringir los derechos de individuos CONCRETOS que traspasan los límites del régimen de libertades comúnmente aceptadas. Un Estado de Derecho NO puede ni DEBE restringir libertades de la ciudadanía como conjunto de individuos.
¿En ningún caso? Aquí es donde viene la gracia del asunto. Todo Estado de Derecho se dota de unos mecanismos. En el caso español esos tres mecanismos son:
– Estado de Alarma.
– Estado de Sitio.
– Estado de Excepción.
En España, el Estado actual es el de Alarma.
Son mecanismos que permiten, precisamente, restringir libertades y derechos para hacer frente a situaciones excepcionales. Cuando digo (y sostengo) que el Estado de Derecho ha muerto voy más lejos que la obviedad de que la situación actual es la del Estado de Alarma.
El Estado de Derecho ha muerto porque la premisa indiscutible sobre la que se asienta, la soberanía del individuo como sujeto de Derechos y de la ciudadanía como cuerpo político que se dota de libertades para ejercerlos de forma armónica, ha saltado por los aires.
El poder político, de forma global (no por «conspiranoias globalistas»), tomó la decisión, en una espiral de contagios sin precedentes y fruto de la globalización (no del «globalismo»), de despojar a la ciudadanía de sus libertades, y al individuo de sus derechos.
Derechos, repito, que son PROPIEDAD del indiviudo, y que son INALIENABLES. Libertades, repito, que son PROPIEDAD de la ciudadanía, no de los Estados, no de los Gobiernos. Desde hace un año, esos valores de un Estado de Derecho dependen exclusivamente del miedo.
Miedo cuando las cifras de hospitalizaciones se disparan. Miedo a que las cifras suban cuando están bajando. Miedo a la ciudadanía, a la que se considera IRRESPONSABLE, algo que ‘per se’ ya es una violación en toda regla de los preceptos de un Estado de Derecho.
Las medidas restrictivas se toman porque NO se confía en la ciudadanía. Si se confiara, se le brindarían herramientas para la gestión de la situación. PERO. El Estado de Derecho TAMBIÉN es la cesión de parcelas de esa soberanía a representantes legítimamente elegidos.
Los representantes tienen la obligación de adoptar las medidas que estimen oportunas para hacer frente a cualquier situación que afecte a la «salud pública». Nota al margen: «salud pública» no es «salud de individuos». Es la gestión pública de los recursos sanitarios.
Esas «medidas oportunas»:
NO pueden restringir derechos y libertades en un Estado de Derecho.
SÍ pueden hacerlo en un Estado de Alarma, Sitio o Excepción. Y NO me interesa el relato de si este Estado de Alarma conculca más derechos (que lo hace) de los que toca.
El relato grave, profundo, y que es la verdadera quiebra del Estado de Derecho es la asunción por parte de la propia ciudadanía de que somos unos irresponsables. De que si no es con palo duro y tente tieso, de esta no saldremos jamás. Porque «no hay más que vernos».
Una vez que una ciudadanía ha dado ese paso, el Estado de Derecho ha muerto para siempre. Porque no puede conformar un cuerpo político soberano. Es un imposible lógico: no puede «responsabilizarse» un colectivo que se considera a sí mismo «irresponsable».
Un relato al que se suman, por acción, omisión o desconocimiento, la mayoría de los medios de comunicación, que perpetúan la retórica de la irresponsabilidad ciudadana y la crónica acelerada del terror para traccionar clics que sustenten un negocio moribundo.
Relato que justifica la adopción de medidas tan distópicas como, y esto es lo peor, INEFICACES. Un año después los datos muestran en toda su CRUDEZA que las medidas tienen un impacto mínimo sobre las olas de contagios. Lo tienen, sí: pero es MÍNIMO. Y es CASUAL.
Olas y picos presentan interesantísimos componentes de estacionalidad y ciclos, en los que las medidas no son sino una reacción, que coinciden con las variaciones a la baja, claro, pero que en realidad no impactan en ellas. O lo hacen de forma verdaderamente ESCASA.
Solo así se explica:
Ubicaciones próximas, con medidas dispares y olas similares (Madrid / Cataluña).
Ubicaciones con incrementos «a pesar» de medidas estrictas sostenidas (Francia).
Ubicaciones con bajadas «a pesar» de medidas laxas sostenidas (Florida).
En un contexto político de desaparición del Estado de Derecho, el contexto científico no importa. No importa si las medidas funcionan o no, como no importa si las muertes por trombosis de una vacuna representan un porcentaje despreciable de los casos. Es otra cosa.
Importa que la ciudadanía:
NO sabe.
NO decide.
NO es responsable. En definitiva, NO puede gozar de libertades para ejercitar SUS derechos, porque NO se reconocen esos derechos. Porque NO se cumplen los preceptos del Estado de Derecho.
Y esa dinámica se mantendrá una vez acabado (si es que alguna vez acaba), el Estado de Alarma. La única forma posible de romper esa dinámica es un reconocimiento global y simultáneo de las cadenas de contagio de pánico que nos han traído hasta aquí. Y termino:
Alguien me puede decir: «Oye, Emilio, pero qué pasa, ¿que tú te crees más listo que todos los técnicos en pandemias de todos los países del mundo, o qué?». La respuesta es fácil: la gestión de la pandemia no ha obedecido a criterios técnicos, sino políticos.
Una respuesta en la que ha primado no la obligación ética de velar por la salud pública sin descuidar el régimen de libertades de un Estado de Derecho, sino el pánico político de no contar con mecanismos de control, aunque ello supusiera pérdida de derechos.
Una respuesta cuyas consecuencias son aterradoras. Porque ya lo hemos vivido. Porque la Historia tiene la manía de repetir errores. Porque ya sabemos que una ciudadanía que se considera a sí misma irresponsable elige a «salvapatrias». El fascismo llama a la puerta.
De hecho, probablemente esta perversión del Estado de Derecho es PREVIA a la pandemia: sociedades acomodadas, bienestar «asegurado», conflictos mínimos. El mundo «funcionaba». ¿A quién le importaban los derechos? La pandemia simplemente la ha acelerado.
Así que: NO es por las mascarillas. NO es por las distancias. NO es por la BRUTAL pobreza que se nos viene encima. A TODOS. Es porque el contrato social del Estado de Derecho ha saltado hecho añicos. Se puede ver o no ver. Pero si se ve, no se puede callar.
